Redacción Emisario
La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó sobre las investigaciones realizadas en torno a una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible por vía marítima, actividades conocidas como “Huachicol Fiscal”.
Durante su mensaje, Godoy Ramos explicó que en 2024 el almirante secretario de Marina proporcionó indicios sobre las operaciones de esta organización delictiva. A partir de esta información, el Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones correspondientes para identificar a los integrantes y el funcionamiento de la red.
La Fiscal General señaló que en estas actividades participaron servidores públicos deshonestos, quienes presuntamente ayudaban a transportar y dispersar derivados del petróleo mediante empresas legalmente constituidas. De acuerdo con lo expuesto, estas compañías eran utilizadas para distribuir el combustible en estaciones de servicio como destino final o para realizar operaciones relacionadas con el lavado del dinero obtenido ilícitamente.
Godoy Ramos informó que, como parte de las investigaciones, además de Fernando “N”, exservidor público señalado por su presunta participación en la red, fueron detenidas otras 15 personas, de las cuales 12 eran servidores públicos.
Respecto a Fernando “N”, la Fiscal General explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó su extradición desde Argentina el 21 de mayo. Tras la presentación de las pruebas correspondientes, las autoridades argentinas aprobaron la expulsión del detenido, lo que permitió su traslado a México.
Asimismo, informó que las acciones realizadas contra la organización han generado una afectación económica superior a los 340 millones de pesos, derivada del aseguramiento de millones de litros de hidrocarburos, además de 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles.
Finalmente, la titular de la FGR dio a conocer que, como resultado de los avances en la investigación, se presentaron nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces presuntamente relacionados con la distribución del combustible. Estas personas estarían vinculadas directamente con las operaciones de la red en seis estados de la República.
